Escalada de violencia en Los Cabos: intensos tiroteos nocturnos
Durante la madrugada del viernes 25 de abril de 2025, se registraron balaceras de gran intensidad en zonas de San José del Cabo y Cabo San Lucas. Los intercambios de disparos se prolongaron durante varias horas, lo que generó alarma entre residentes y visitantes.
Las ráfagas constantes afectaron la operatividad del puerto, provocando la suspensión temporal de actividades turísticas y comerciales. Testigos relataron que el sonido de los disparos sobrepasó la barrera del miedo, reflejando un repunte en la violencia en Los Cabos sin precedentes.
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— Mao Kudasai (@Maokudasai) April 25, 2025
Impacto de los balaceras en San José del Cabo y bloqueos narcos
En los últimos tres días, los ataques incluyeron narco bloqueos y el incendio de autobuses de pasajeros con gente a bordo. Estas acciones incendiarias dejaron vehículos destruidos y generaron caos en las vialidades principales.
El cierre de carreteras y la paralización del transporte público complicaron el tránsito y colocaron en riesgo a miles de ciudadanos. Los bloqueos narcos se sucedieron en tramos estratégicos, impidiendo el desplazamiento de suministros y atención médica.
Reacción oficial frente a la jornada de violencia
A pesar de la gravedad de los hechos, el gobernador del estado de Baja California Sur declaró que “todo está tranquilo” en el territorio. La disonancia entre esta versión y el testimonio de afectados ha acrecentado las dudas sobre la veracidad de los comunicados oficiales.
La falta de medidas inmediatas para contener los enfrentamientos ha sido criticada por organizaciones civiles, que exigen presencia policial efectiva y protocolos de seguridad reforzados en zonas vulnerables.
Contradicciones en el mensaje gubernamental
Mientras persisten los reportes de violencia, las autoridades insisten en minimizar la situación. Esta postura choca con la percepción de la población, que observa patrullajes esporádicos y puntos de control insuficientes.
La ausencia de cifras oficiales claras sobre heridos, detenidos o daños materiales agrava la desconfianza. La incoherencia en los informes alimenta la sensación de que el Estado subestima el impacto real de la violencia.
