En agosto de 2020, la vida de Paola Roldán, una mujer ecuatoriana de 42 años, dio un vuelco. Durante una sesión de yoga se desmayó y después, al empujar el cochecito de su hijo, experimentó una sensación de asfixia. A pesar de llevar un estilo de vida saludable, los médicos le diagnosticaron con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad sin cura que deteriora las neuronas responsables de los movimientos musculares. Actualmente, Paola depende de un respirador artificial y sólo puede mover los músculos de su rostro.
En lugar de resignarse a su destino, Paola se embarcó en una lucha legal por su derecho a morir. En Ecuador, la eutanasia, definida como el acto de provocar la muerte a petición del paciente para aliviar su sufrimiento, está penada por el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, en febrero de 2022, la Corte Constitucional de Ecuador falló a favor de Paola, convirtiendo a Ecuador en el noveno país del mundo en despenalizar la muerte asistida en circunstancias extremas.
Paola ha tenido que adaptarse a una nueva realidad desde su diagnóstico. Ha soportado hospitalizaciones, infecciones y cambios radicales en su cuerpo. Sufre de dolor físico y emocional constante, y la parte más difícil para ella es ver crecer a su hijo Oliver, de casi cuatro años. En un intento por dejarle algo de sí misma tras su partida, Paola ha preparado una «cápsula del tiempo» con regalos y recuerdos para los momentos claves de la vida de su hijo.
A pesar del duro camino, Paola se mantiene firme en su decisión de buscar una muerte digna. Después de la decisión de la Corte, expresó su agradecimiento y alivio y planea pasar sus últimos días junto a su familia. La sentencia de la Corte tiene «cumplimiento inmediato», lo que significa que Paola ahora tiene la posibilidad de elegir el día de su muerte. Esto marca un hito importante en la historia de los derechos humanos en Ecuador y abre un debate necesario sobre el derecho a morir con dignidad.
