El Senado de los Estados Unidos ha aprobado un trascendental acuerdo sobre inmigración y ayuda exterior, anunciado este domingo. Este proyecto de ley, de ser ratificado, modificaría de forma significativa la legislación migratoria del país, estableciendo límites más rigurosos a lo largo de la frontera sur y restringiendo severamente el acceso al asilo en la región, en un quiebre con las políticas establecidas durante décadas.
El paquete legislativo allana el camino para una votación crucial esta semana, aunque enfrenta riesgos significativos de no ser aprobado, lo que podría generar un enfrentamiento con la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, ha declarado el acuerdo «muerto a su llegada» a esa cámara tras la publicación del texto.
Entre los principales cambios propuestos en el proyecto de ley se encuentran:
- Gestión de los cruces fronterizos: Se otorgaría nueva autoridad de emergencia para restringir los cruces ilegales en caso de que la media diaria de inmigrantes alcance ciertos umbrales. Esto podría limitar considerablemente la capacidad de los inmigrantes para solicitar asilo después de cruzar la frontera de manera ilegal.
- Política de asilo: Se establecería un nuevo marco legal que dificultaría la obtención del asilo, elevando el nivel de exigencia de pruebas y acelerando el proceso de tramitación de seis meses. Además, se introduciría un proceso alternativo de evaluación de solicitudes de asilo por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., excluyendo a los menores inmigrantes no acompañados.
- Permisos humanitarios y vías a la ciudadanía: El proyecto conserva la autoridad del presidente para otorgar permisos humanitarios caso por caso, aunque con ciertas restricciones en las fronteras terrestres. También se autorizarían 250,000 visados de inmigrante adicionales en cinco años, principalmente para familias y trabajadores inmigrantes.
En resumen, este acuerdo representa un hito en la política migratoria de Estados Unidos, con cambios sustanciales que impactarán tanto en la gestión de la inmigración en la frontera como en los procesos de asilo y ciudadanía. Su implementación, sin embargo, enfrentará desafíos logísticos y políticos significativos en los próximos meses.
