La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, desglosó las fuentes de financiamiento para la reforma a las pensiones propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los recursos provendrán de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, utilidades del Tren Maya, extinción de organismos autónomos como el Inai y confiscaciones destinadas al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, entre otros.
Durante una conferencia presidencial, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, destacó los detalles financieros de la reforma a las pensiones propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Alcalde informó que los recursos para respaldar esta medida provendrán de diversas fuentes, incluyendo la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, utilidades del Tren Maya, extinción de organismos autónomos como el Inai y confiscaciones canalizadas al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
La reforma, presentada el pasado 5 de febrero al Congreso, tiene como objetivo permitir que los trabajadores se jubilen con el 100% de su último salario. Al respecto, Alcalde enfatizó la importancia de proporcionar un complemento solidario a aquellos que ganen o se pensionen con el salario promedio del IMSS, cifrado en 16 mil 777 pesos.
Asimismo, se detalló que el Fondo del Bienestar, con una asignación inicial de 64 mil millones de pesos, se nutrirá de operaciones del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, así como de activos provenientes de la liquidación de la Financiera Rural y la venta de terrenos de FONATUR. Además, se contempla utilizar recursos provenientes de adeudos de entidades públicas con el IMSS y el ISSSTE, así como rendimientos generados por las Afores relacionados con la recuperación de cuentas.
Alcalde subrayó que la reforma beneficiará a aquellos afectados por las reformas de 1997 y 2007, realizadas durante los mandatos de los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, respectivamente.
La reforma a las pensiones en México busca garantizar un retiro digno para los trabajadores, financiado mediante diversas fuentes que incluyen la reestructuración de organismos y la canalización de recursos provenientes de confiscaciones y ventas de activos estatales.
