Operativo en Teuchitlán: hallazgos evidenciales y elementos incautados en el rancho Izaguirre
El 5 de marzo se llevó a cabo la intervención en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, en un predio que había sido asegurado previamente por la Fiscalía estatal. Durante el operativo se presume que el lugar era utilizado como campo de adiestramiento para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), concentrando la atención sobre posibles actividades ilícitas en la zona.
En el sitio se encontraron restos óseos, prendas de vestir, zapatos y otros artículos personales, lo que permitió recabar evidencias que vinculan el lugar con actividades relacionadas al adiestramiento. Las pesquisas iniciales señalaban la relevancia del predio en el contexto de operativos en contra de organizaciones criminales, reforzando la importancia de cada uno de los elementos incautados.
Evidencias materiales y elementos incautados en el operativo
Durante la inspección del rancho se hallaron 96 casquillos de bala de diversos calibres, lo que sumó a los elementos extraíbles en el sitio. Adicionalmente, se recuperaron tres cargadores, una libreta, una identificación oficial y un altar a la Santa Muerte con diversas ofrendas, constituyendo un conjunto de indicios de la actividad que se desarrollaba en el predio.
La diversidad de objetos encontrados, que incluyen artículos personales y elementos asociados a rituales, aportó información complementaria sobre la posible función del lugar. Cada hallazgo se registró como parte integral de la investigación, permitiendo reconstruir el contexto en el que se manejaban estos insumos durante el operativo.
Investigación sobre irregularidades y denuncias en la intervención en Jalisco
Las investigaciones posteriores al operativo revelaron la realización de 38 detenciones, de las cuales 36 personas fueron liberadas al comprobarse que eran víctimas de reclutamiento forzado. Los hechos han generado cuestionamientos en torno a la manera en que se desarrolló la intervención en el rancho Izaguirre, apuntando a posibles omisiones e irregularidades en la actuación de las autoridades locales del estado.
El fiscal Alejandro Gertz Manero señaló que, hasta el momento, no es posible afirmar de forma concluyente si el lugar funcionó como un campo de exterminio o únicamente como centro de entrenamiento. Asimismo, se destacó que la Fiscalía General de la República contaba con información preliminar que sugería la posible participación de autoridades, en particular de policías de Tala, en actividades vinculadas al cártel, lo que implicó la apertura de nuevas líneas de investigación.
