Prohibición de Vapeadores en la Constitución

Recientemente, se ha incluido una prohibición de vapeadores y cigarros electrónicos en la Constitución, lo que ha generado un debate significativo entre sus promotores y opositores. Ambas partes están instando al Congreso federal y a las legislaturas estatales a emitir las leyes reglamentarias pertinentes para armonizar el marco jurídico existente.
El decreto, publicado el 17 de enero en el Diario Oficial de la Federación, añade un párrafo al artículo cuarto de la Constitución. Este párrafo establece la prohibición de actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos análogos, así como la producción y distribución de sustancias tóxicas y drogas sintéticas no autorizadas.

Plazos para la Armonización Jurídica

En los artículos transitorios del decreto se especifica que el Congreso de la Unión tiene hasta el 17 de julio de 2025 para adaptar las leyes federales a esta nueva disposición constitucional. Además, las legislaturas de las entidades federativas deben realizar las adecuaciones normativas necesarias antes del 19 de enero de 2026.
Este plazo busca asegurar que todas las leyes relacionadas con la salud y el control de sustancias aditivas estén alineadas con la prohibición constitucional. Sin embargo, la falta de legislación reglamentaria efectiva hasta la fecha ha generado incertidumbre entre los diferentes sectores afectados.

Impacto en la Industria de Vapeadores

Para Juan Felipe Covarrubias, representante empresarial de la industria de los vapeadores, es crucial la aprobación inmediata de las leyes reglamentarias. Actualmente, la prohibición está establecida en la Constitución, pero carece de sanciones efectivas que la respalden.
Covarrubias advierte que la inclusión de la prohibición del vapeo junto con la del fentanilo podría llevar a la equiparación de ambos, resultando en sanciones desproporcionadas. Este enfoque podría conllevar a tratar a los usuarios de vapeadores con la misma severidad que a los traficantes de fentanilo, generando un impacto negativo en la industria y en los consumidores.

Perspectivas de Salud Pública

Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa, destaca la importancia de una implementación adecuada de la prohibición. Según Ochoa, la legislación puede llevarse a cabo a través de la Ley General de Salud o mediante la Ley General de Control del Tabaco, siempre y cuando se distribuyan claramente las competencias y se especifiquen las sanciones correspondientes.
Salud Justa enfatiza la necesidad de que la legislación secundaria promueva la salud pública, incluyendo programas educativos sobre el tema. La correcta regulación es esencial para asegurar que la prohibición se implemente de manera efectiva y no pueda ser eludida por quienes buscan evadir la normativa.