La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra relacionados con el supuesto secuestro de niños en Ucrania durante la guerra entre ambos países.
La comisionada rusa para la Infancia, Maria Lvova-Belova, también fue acusada y recibió una orden de arresto internacional.
Aunque es improbable que Putin sea juzgado, la decisión fue aplaudida por diversos grupos de derechos humanos como un paso importante para hacer que Moscú rinda cuentas por los abusos durante la guerra.
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El Tribunal Penal Internacional encontró motivos razonables para creer que Putin y Lvova-Belova «son responsables del crimen de guerra de deportación ilegal en perjuicio de los niños ucranianos».
Mientras tanto, en Ucrania, miles de niños fueron enviados a campos de reeducación y orfanatos durante la guerra.
Aunque La Haya no puede juzgar a los acusados en ausencia y Rusia ha declarado que no entregará a sus funcionarios, la orden de arresto es vista como un importante paso para que Moscú rinda cuentas por sus acciones en Ucrania.
En una entrevista con el medio ruso RBC, Lvova-Belova respondió desafiante: «Es grandioso que la comunidad internacional haya apreciado nuestro trabajo para ayudar a los niños de nuestro país».
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