La reciente controversia en torno a la reforma al Poder Judicial en México ha puesto en evidencia una postura desafiante por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hacia la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La relatora especial Margaret Satterhwaite expresó preocupaciones sobre los posibles riesgos que la reforma podría traer para la independencia judicial en el país. La respuesta de AMLO a estas inquietudes, lejos de ser una oportunidad para el diálogo constructivo, ha revelado una actitud de desdén y rechazo hacia la opinión internacional.
AMLO ha calificado las advertencias de la ONU como un ejemplo de “turismo diplomático” y ha cuestionado la legitimidad de sus opiniones sobre las reformas constitucionales en México. El presidente argumenta que estos organismos internacionales no actúan con la seriedad necesaria y que muchas veces no abordan adecuadamente los conflictos internacionales, sugiriendo que sus observaciones en este caso están motivadas por intereses ocultos.
Sin embargo, este rechazo a las observaciones internacionales no debe ser tomado a la ligera. La crítica de la ONU se centra en aspectos fundamentales de la reforma, tales como la elección directa de jueces y magistrados, la falta de limitaciones para la reelección, y la posibilidad de que la reforma permita una influencia indebida del ejecutivo en el poder judicial. Estas preocupaciones no deben ser descartadas sin una evaluación rigurosa.
El proceso de reforma al Poder Judicial es esencial para fortalecer la independencia del sistema judicial y garantizar que la justicia se administre sin influencias indebidas. Las críticas internacionales, especialmente de organismos con un historial de vigilancia de derechos humanos y justicia, deben ser vistas como una oportunidad para evaluar y mejorar el proceso, en lugar de ser desestimadas como un ataque sin fundamento.
Además, el rechazo a las recomendaciones de la ONU también refleja una falta de apertura al escrutinio internacional, que puede ser un pilar importante para mantener la transparencia y la responsabilidad en la gobernanza. Ignorar las advertencias de expertos globales puede tener repercusiones negativas no solo en la percepción internacional de México, sino también en la calidad de su sistema judicial.
Es fundamental que el gobierno mexicano, así como todos los actores políticos involucrados, aborden las críticas con seriedad y busquen un diálogo constructivo con la comunidad internacional. La reforma al Poder Judicial debe ser un proceso transparente y abierto, con la participación de diversos sectores de la sociedad, para garantizar que se respete la independencia del poder judicial y se fortalezca el sistema de justicia en México.
El desdén hacia las opiniones internacionales puede ser perjudicial para el país y para el propio proceso de reforma. En lugar de rechazar las críticas, es hora de adoptar un enfoque que busque el equilibrio entre la soberanía nacional y la responsabilidad global, asegurando que las reformas se implementen de manera que beneficien verdaderamente a la sociedad mexicana y fortalezcan su sistema judicial.
