En medio de opiniones encontradas, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha dado luz verde al Instituto Nacional Electoral (INE) para proseguir con la organización de la elección del Poder Judicial. La entidad advirtió que cualquier suspensión de este proceso podría comprometer su integridad y contravenir lo establecido por la Constitución.

Decisión de la Sala Superior sobre la Organización Electoral

La decisión fue adoptada mediante una votación donde tres magistrados, Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, votaron a favor, mientras que Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra. Se emitió una acción declarativa que reafirma que el INE no puede interrumpir sus actividades relacionadas con la elección judicial, a pesar de los amparos otorgados por algunos jueces.

Solicitud del INE para Garantizar el Proceso Electoral

El pasado 4 de octubre, la Secretaría Ejecutiva del INE presentó una solicitud a la Sala Superior para que se emita una acción declarativa. Esta medida busca asegurar que las actividades vinculadas con la elección judicial continúen, ante las suspensiones que algunos jueces han concedido para detener el proceso.

Argumentos de los Magistrados

El magistrado Felipe de la Mata, quien propuso el proyecto, señaló que la acción declarativa permite al INE seguir con sus funciones electorales sin necesidad de confirmar o revocar ninguna suspensión de amparo. Por otro lado, la magistrada Janine Otálora manifestó que la resolución debería postergarse hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva cuestiones relacionadas con la reforma al Poder Judicial.

Opiniones Contrarias sobre la Acción Declarativa

Reyes Rodríguez expresó que la acción declarativa presentada por el INE carece de procedencia y advirtió que permitir este tipo de acciones podría establecer un precedente que facultaría a cualquier autoridad electoral para ignorar resoluciones judiciales desfavorables.

Justificación de la Magistrada Presidenta

Mónica Soto, la magistrada presidenta, defendió la decisión argumentando que se trata de una situación excepcional que requiere la emisión de una acción declarativa. Esta acción busca otorgar certeza tanto a la autoridad electoral como a los participantes y a la ciudadanía en general sobre cómo debe actuar el INE en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.