Las autoridades colombianas, en colaboración con Migración Colombia y la Embajada de Estados Unidos, lograron desmantelar una red criminal dedicada al tráfico de migrantes que operaba en el país. Según informó Hugo Tovar, director especializado contra violaciones de Derechos Humanos de la Fiscalía colombiana, esta organización utilizaba la fachada de agencias de viajes en Bogotá, Bucaramanga y Villavicencio para llevar a cabo sus actividades ilícitas.
Conocida como la “Ruta de Oro”, esta banda ilegal ofrecía paquetes turísticos hacia Cancún y Ciudad de México por un costo que oscilaba entre mil 800 y 4 mil dólares. Sin embargo, en realidad, estos paquetes eran utilizados como medio para trasladar de manera irregular a las personas hacia Estados Unidos.
Una vez que los migrantes adquirían los paquetes turísticos, eran incluidos en grupos cerrados de WhatsApp, donde se establecían las condiciones del traslado. Además, eran perfilados y obligados a aprender un libreto específico para evitar ser detectados por las autoridades migratorias nacionales e internacionales.
En una serie de operativos simultáneos llevados a cabo en las tres ciudades colombianas mencionadas, las autoridades lograron capturar a dos hombres y dos mujeres que formaban parte de la estructura delictiva. Según la Fiscalía, estas cuatro personas serían los representantes en Colombia del líder máximo de la organización, conocido como alias “Abraham”, quien residiría en México.
Tras la supuesta preparación de los migrantes, estos tomaban vuelos con destino a México, donde eran recibidos por contactos de “Abraham”. Estos contactos se encargaban de alojar a los migrantes en hoteles previamente establecidos y, días después, los trasladaban a ciudades fronterizas como Mexicali y Tijuana, para finalmente cruzar a Estados Unidos por pasos no autorizados, zonas desérticas y trochas.
Las investigaciones revelaron que los ciudadanos colombianos eran sometidos a tratos crueles e inhumanos durante su travesía hacia Estados Unidos. Ante estas evidencias, un juez de garantías imputó a los cuatro detenidos los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado.
Aunque los investigados no aceptaron los cargos, se les impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad en una cárcel de Bogotá. Las autoridades continuarán trabajando en el caso para desmantelar por completo esta red de tráfico de migrantes y llevar a los responsables ante la justicia.
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