Juicio de procedencia y revisión contractual
El gobernador Rubén Rocha Moya se abstuvo de pronunciarse sobre la solicitud de juicio de procedencia presentada en el Congreso del Estado contra el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Señaló que el Ejecutivo no participa en el proceso y que su papel se limita a remitir la documentación cuando así lo determina la ley.
La solicitud de desafuero deriva de un informe de la Auditoría Superior del Estado, que detectó posibles inconsistencias en el arrendamiento de patrullas sin convocatoria pública. Esa auditoría entregó sus resultados a la Fiscalía General, que inició una carpeta de investigación antes de enviar el expediente al Legislativo.
Solicitud y trámite ante el Congreso
El Congreso del Estado asumirá ahora la responsabilidad de analizar la procedencia del desafuero, sin un plazo específico fijado en el reglamento interno. Los diputados deberán revisar el expediente, presentar pruebas y citar a comparecer a las partes involucradas.
La calificación de la procedencia requiere una mayoría calificada para autorizar el retiro de la inmunidad al alcalde. De no alcanzarse el número de votos necesario, el caso podría quedar archivado o turnarse de nuevo a la Fiscalía para completar diligencias.
Arrendamiento sin licitación de patrullas y presuntas irregularidades
El arrendamiento sin licitación de 171 millones de pesos para patrullas generó cuestionamientos sobre la transparencia y la legalidad de la operación. La omisión de un proceso competitivo impidió verificar condiciones económicas y garantías de servicio.
El contrato suscrito por la administración municipal, según el informe de auditoría, carece de criterios de evaluación de ofertas y de cláusulas de control para asegurar el cumplimiento de los plazos y precios pactados.
Detalles del contrato y denuncia fiscal
La Auditoría Superior del Estado documentó la falta de concurso público como un posible incumplimiento al marco normativo de adquisiciones, contrataciones y arrendamientos del sector público.
Con base en esas irregularidades, la Fiscalía General integró una carpeta de investigación por posibles delitos de carácter fiscal y administrativo, antes de remitir el expediente al Congreso para el juicio de procedencia.
Procedimiento legal: Auditoría, Fiscalía y Congreso
El Ejecutivo estatal enfatizó que la Auditoría Superior y la Fiscalía General actúan de manera autónoma y que corresponde al Legislativo determinar la procedencia del desafío legal.
La separación de funciones entre los tres poderes garantiza, en teoría, la independencia de la investigación y del eventual juicio político o desafuero, aunque la velocidad del trámite dependerá de la agenda del Congreso.
Funciones del Ejecutivo estatal
El gobernador solo participa en la entrega formal de documentos y no tiene injerencia en la decisión final sobre la responsabilidad política o penal del alcalde de Ahome.
Una vez que los diputados concluyan el análisis y voten, el Congreso emitirá un acuerdo sobre si procede el retiro de la protección constitucional, conforme a la normativa vigente.
