En el sistema judicial, uno de los temas que genera interés y preocupación es el proceso de selección de jueces y magistrados. Según datos recientes, existe una notable diferencia en la forma en que los jueces y magistrados acceden a sus cargos.
Acceso a los cargos judiciales
De los 737 jueces de distrito habilitados en juzgados federales, solo el 11 por ciento, lo que equivale a aproximadamente 81 jueces, ha llegado a su cargo mediante un concurso de oposición. Esto implica que estos jueces pasaron por un proceso competitivo que evaluó sus capacidades y conocimientos.
Por otro lado, el 89 por ciento restante, es decir, 655 jueces, han sido designados directamente, sin la necesidad de pasar por exámenes o pruebas específicas. Esta forma de designación directa también se refleja en el caso de los magistrados, donde el 30 por ciento, unos 262, han sido designados sin un concurso.
Los datos en mención fueron revelados por el Consejo de la Judicatura Federal a petición del periodista J. Jesús Lemus.
Percepción de corrupción
La percepción de corrupción en el sistema judicial es otro aspecto que preocupa a la ciudadanía. Según la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) de septiembre de 2023, los jueces enfrentan una percepción de corrupción del 66 por ciento. Este porcentaje indica que una parte significativa de la población desconfía de las decisiones judiciales y la imparcialidad de los jueces.
Comparativamente, la percepción de corrupción es aún más alta en otros sectores de la seguridad pública. Por ejemplo, los agentes de tránsito o policías viales tienen una percepción de corrupción del 73.9 por ciento, lo que sugiere que el problema de la corrupción es un desafío amplio y complejo dentro del sistema de justicia y seguridad.
Reflexiones finales
Estos datos nos invitan a reflexionar sobre la importancia de asegurar procesos de selección justos y transparentes para los jueces y magistrados. La confianza en el sistema judicial es fundamental para el funcionamiento de la sociedad y para garantizar que se haga justicia de manera imparcial y efectiva. Mejorar la percepción de corrupción y promover la meritocracia en el acceso a los cargos judiciales son pasos esenciales para fortalecer el estado de derecho.
